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Homenaje e indemnización a la familia de gremialista mendocino

Ya es ley la indemnización a modo de reparación histórica para la familia del obrero Benedicto Ortiz, asesinado por la dictadura.

El proyecto para otorgarle una indemnización como reparación histórica a Blanca Cristina Villegas, viuda del obrero Benedicto Ortiz, fallecido 3 de abril de 1982 como consecuencia de la represión de la dictadura militar, se transformó en ley ayer en el Senado.

La norma, que había aprobada el pasado 10 en la Cámara Baja a instancias de su autor, el diputado Gustavo Arenas (FPV-PJ), recibió por parte de la Cámara Alta el número de sanción 8.547 y ahora pasará al Poder Ejecutivo, que deberá promulgarla y hacerla efectiva con la medida resarcitoria dispuesta hacia la familia Ortiz.

Antes de pasar a Senadores, la iniciativa presentada por el legislador Gustavo Arenas había recibido la media sanción en Diputados por unanimidad, considerándose que la medida busca reivindicar la figura de Benedicto Ortiz, quien era secretario general del gremio AOMA (obreros mineros) cuando fue baleado impunemente por las fuerzas de seguridad el 30 de marzo de 1982, durante una movilización popular que pedía pacíficamente en Mendoza por el retorno a la democracia.

La sanción de la ley forma parte de una serie de actos destinados a resaltar el recuerdo de Ortiz. Estas actividades se iniciaron el 30 de marzo del 2012, cuando en la Legislatura se realizó un acto de reparación institucional con la presencia de los familiares del obrero asesinado, cuya iniciativa también fue del diputado Gustavo Arenas.

En ese momento, la serie de acciones continuó con la iniciativa promovida ese entonces por el mismo legislador para concretar la ayuda económica que ya es ley y se sellará con la colocación de una placa recordatoria en el lugar en donde Ortiz recibió las heridas mortales, en la calle Pedro Molina, entre Patricias Mendocinas y Mitre, en Ciudad.

La muerte de Ortiz marcó un hito en la lucha obrera en Mendoza, ya que se trató de un acto de extrema violación a los derechos humanos producido en el marco del terror indiscriminado que promovía la dictadura militar en forma salvaje para seguir oprimiendo al pueblo argentino sin ningún tipo de oposición.

De esa manera, el fallecimiento del líder minero, sucedido el 3 de abril de 1982, pasó desapercibido entonces ya que el gobierno de facto había tomado por asalto las islas Malvinas precisamente el día anterior, en una arriesgada maniobra bélica que buscaba tapar la las violaciones a los derechos humanos y consolidar el poderío militar en Argentina.

Fue así que Ortiz murió en soledad en el Hospital Central, adonde había sido internado con custodia policial y con la prohibición de que durante su agonía fuera visitado incluso por sus familiares. Ése fue el triste desenlace al que sometieron al dirigente sindical, quien había salido de su casa en la tarde del 30 de marzo para manifestarse en paz junto a miles de personas en todo el país por el retorno a la democracia y jamás volvió a su hogar.

La emboscada fatal
Ese día, la importante movilización popular había sido convocada por la CGT-Brasil, liderada entonces por Saúl Ubaldini, e integrantes del movimiento obrero, así como dirigentes políticos y sociales, marchaban reclamando el cese de la dictadura militar, bajo la consigna “Paz, pan y trabajo”.

En ese momento, el gobierno cívico-militar estaba jaqueado por los permanentes reclamos políticos y sindicales exigiendo el retorno a la democracia y, con la intención de mostrarse aperturista, había incluido en el gabinete a dirigentes políticos, entre ellos el mendocino Amadeo Frúgoli.

En Mendoza, el interventor federal, el brigadier Rolando Ghisani, había sido remplazado por Bonifacio Cejuela. Fue en ese marco que, en la segunda quincena de marzo de 1982, la CGT nacional convocó a una movilización en todo el país, incluyendo una marcha hacia la Plaza de Mayo, en la Capital Federal. El reclamo se centraba en la modificación de la política económica y la vuelta al sistema democrático de gobierno.

De esta manera, las fuerza represivas intentaron disolver la marcha mendocina, pero tanto la CGT nacional como la regional la ratificaron. Así, la CGT convocó su concentración en las calles Mitre y Colón de Ciudad, mientras que los jubilados habían dispuesto esperar la llegada de la movilización en Pedro Molina y Mitre.

Por ese emotivo, la Octava Brigada, a cargo del control de la seguridad (la policía no estaba en manos del Gobierno provincial), había dispuesto que efectivos de Gendarmería se apostaran en el espacio verde que da a la calle Pedro Molina.

En ese trance, mientras la movilización cegetista se encontraba en la calle Colón, próxima a Mitre, la concentración de jubilados y algunos miembros de la CGT que se habían adelantado comenzaron a entonar las estrofas del Himno Nacional.

El momento crucial se dio cuando, desde una camioneta de Gendarmería Nacional, efectivos dispararon contra los manifestantes sin mediar palabra e hirieron a varias personas, entre ellas a Ortiz.

La muerte del secretario general de AOMA pasó casi desapercibida porque toda la información se concentraba en la recuperación de las islas Malvinas por parte del gobierno de facto argentino y, desde entonces, la familia Ortiz jamás recibió ningún tipo de reparación al respecto hasta la actualidad.

Este hecho constituyó el motivo por el cual el diputado Gustavo Arenas solicitó que se realizara una reparación histórica con relación a ese injusto olvido a la figura del militante sindical. Además es una manera de restañar las consecuencias nefastas, tanto espirituales como económicas, que vivió la familia de Ortiz debido a ese trágico episodio.

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